Este martes sesionará nuevamente la Cámara de Diputados de Salta, y entre los diferentes proyectos a tratar, figura un proyecto de ley que propone el régimen de arancelamiento para personas extranjeras por prestaciones sanitarias y estudios cursados en las universidades provinciales de gestión estatal.
La iniciativa, pertenece a legisladores de La Libertad Avanza
Entre sus fundamentos señalan que Salta, al limitar con tres países, hace que el sistema público de salud reciba una demanda que no se corresponde con su población ni con su presupuesto.
"La Provincia fue pionera en dar una respuesta normativa a ese problema. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129/2024, convertido en Ley 8421, dispuso que los residentes transitorios y precarios solventen el costo de su atención, y garantizó al mismo tiempo la atención de urgencia y emergencia sin condicionamientos" detallan, y agregan: "La experiencia posterior mostró resultados concretos en los hospitales del norte provincial y fue tomada como referencia por otras jurisdicciones".
Según explican, el proyecto que impulsan sería un complemento al ya vigente. "
Por el lado de la educación universitaria indican: "La Provincia sostiene con recursos propios a la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios, creada por Ley 7803. No existe hoy ninguna norma que ordene diferenciar la situación de un estudiante extranjero sin residencia".
"El Título III no impone montos ni interfiere con la autonomía universitaria: manda establecer retribuciones y deja en manos de los órganos superiores de la institución la fijación de valores y modalidades. El proyecto mantiene los resguardos que hacen razonable el régimen" sostienen.
A la vez aclaran que "La urgencia y la emergencia quedan fuera de todo condicionamiento. Las víctimas de trata, las acciones de salud pública y las personas alcanzadas por convenios de reciprocidad están expresamente exceptuadas. Los refugiados y solicitantes de refugio quedan excluidos del arancel universitario, en línea con la Ley Nacional 26.165. Y se incorpora una obligación anual de publicar datos, para que la Legislatura y la ciudadanía puedan evaluar si el régimen funciona"
