La baja en la edad de imputabilidad a 14 años volvió a instalarse en la agenda política. Ante el asesinato de una mujer a manos de dos menores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador Axel Kicillof y le pidió al Congreso que debate el proyecto que ya tiene dictamen.
Desde el pasado 6 de mayo, y luego de un extenso trabajo de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, encabezada por la legisladora Laura Rodríguez Machado, se firmó un dictamen de mayoría de la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, con amplio consenso se logró con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y otras fuerzas: el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal como Juan Brügge, Alejandra Torres —quien pidió garantizar los fondos para las provincias—, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre.
Además, se firmaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria (UxP) y otro del Frente de Izquierda.
La diputada Rodríguez Machado confirmó a TN este martes que el proyecto ya tiene despacho, orden del día y consenso. “Pero ocurre que la oposición, que no es solamente el kirchnerismo, no tiene la voluntad de generar el clima legislativo para que se traten proyectos que sean logros del gobierno nacional. La oposición se encargó que todos los proyectos que han ingresado al recinto sean para corromper el equilibrio fiscal o generar un golpe político en la imagen del Gobierno”, aseguró.
El plenario por baja de edad de imputabilidad en Diputados se reunió el pasado 6 de mayo encabezado por los diputados Roxana Reyes, Manuel Quintar, Laura Rodríguez Machado y José Luis Espert. Foto Cámara de Diputados
Luego dijo: “Estamos viendo cuándo podremos tratarlo, si no se trata el despacho antes del recambio legislativo no se trata, el despacho cae, y hay que empezar la discusión nuevamente.
La iniciativa destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.
Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.
