La diputada nacional Caren Tepp presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia crediticia en materia de sobreendeudamiento de consumo por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y crear el Régimen de Emergencia para el Desendeudamiento Social (REDES), destinado a personas con dificultades para afrontar deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales.
La iniciativa comprende obligaciones contraídas con entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fideicomisos y empresas de cobranza, aunque excluye los créditos garantizados con hipotecas o prendas. Según el texto, el objetivo es proteger el “mínimo existencial” de los hogares y recuperar su capacidad de consumo.
El proyecto establece que el Banco Central deberá convocar a los acreedores para que adhieran a convenios de reestructuración de deuda. Entre las condiciones previstas se encuentran la aplicación de quitas de capital, una tasa de interés que no supere la tasa pasiva del Banco Nación para depósitos a plazo fijo y cuotas que no excedan el 20% de los ingresos netos mensuales del deudor. También dispone la extinción de intereses punitorios acumulados desde el ingreso a categorías de mora definidas por el Banco Central.
La propuesta además prohíbe la regularización parcial de las deudas, obliga a consolidar la totalidad de los créditos en mora y establece que los costos administrativos de la refinanciación sean absorbidos por las entidades acreedoras. Asimismo, impide que quienes ingresen al programa sean incluidos en bases de riesgo crediticio una vez formalizado el acuerdo.
Entre los beneficiarios del régimen se incluyen personas con ingresos de hasta diez salarios mínimos vitales y móviles que se encuentren en categorías deudoras 2, 3, 4 o 5 del Banco Central. Por el contrario, quedan excluidos, entre otros, los deudores alimentarios morosos, las personas políticamente expuestas, quienes posean más de un inmueble o activos financieros por encima de determinados límites fijados en la iniciativa.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto establece la condonación total de capital, intereses, comisiones y gastos de las deudas alcanzadas para personas con Certificado Único de Discapacidad vigente y titulares de hogares monoparentales que cumplan con las condiciones previstas por la ley.
Además, mientras duren los procesos de renegociación o condonación, se dispone la suspensión de toda acción judicial o extrajudicial de cobro, el cese del devengamiento de intereses y la prohibición de vender o transferir las carteras de créditos involucradas.
En los fundamentos, Caren Tepp sostiene que el sobreendeudamiento de los hogares responde al deterioro de los ingresos reales y al uso creciente del crédito para afrontar gastos corrientes. También cuestiona la desregulación financiera impulsada por el Gobierno nacional y afirma que existe una situación de “asfixia crediticia” que requiere una respuesta excepcional del Estado.
La iniciativa fue girada para su análisis a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda.
