La Libertad Avanza buscará este martes firmar el dictamen de mayoría sobre el desendeudamiento de las familias, con una propuesta que apunta a prevenir el sobreendeudamiento mediante mecanismos como la doble autenticación antes de acceder a un crédito y el impulso de la educación financiera a mediano y largo plazo. El oficialismo incorporó además una propuesta de la UCR.
El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, encabezado por los diputados Santiago Pauli (LLA) y Hugo Yasky (UxP), está citado para este martes a las 14. Tal como se estableció en el emplazamiento aprobado por la Cámara baja, ese día se firmarán los dictámenes.
Los consensos de la oposición
Las bancadas de Unión por la Patria (UxP), Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda alcanzaron algunos puntos en común, entre ellos la declaración de la Emergencia Financiera y Crediticia por 180 días, con la posibilidad de prorrogarla por otro período similar si fuera necesario.
El alcance de la emergencia establecería topes para las tasas de interés nominales que cobran las empresas de tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. Además, fijaría límites para gastos y comisiones y establecería planes de refinanciación de las deudas de hasta 36 meses, según los montos.
La propuesta también elimina el 100% de los intereses punitorios, mientras mantiene el capital y los intereses compensatorios.
Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo con el scoring de cada cliente, se otorgaría competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura de los algoritmos, con el objetivo de transparentar esas prácticas.
El proyecto que declara la Emergencia Financiera y Crediticia, presentado por la peronista Jimena López junto con Nancy Sand, Eduardo Valdés, Andrea Freites y Juan Pablo Luque, entre otros, establece que “A los efectos de la presente ley, se considerará sobreendeudamiento por subsistencia familiar a la situación derivada de las deudas contraídas de manera exclusiva para la satisfacción de necesidades básicas del grupo familiar. Quedan comprendidos dentro de este concepto los pasivos originados en gastos destinados a: alimentación, salud, educación, servicios públicos esenciales (gas, electricidad, servicio de internet), provisión de gas envasado (garrafas), transporte, vestimenta y artículos de limpieza, que se hallen en mora superior a sesenta días”.
Por su parte, el radical crítico de Provincias Unidas Pablo Juliano propuso crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito.
La iniciativa busca fomentar un acceso responsable al financiamiento, mejorar la transparencia de las condiciones de contratación y reforzar la responsabilidad de las entidades a la hora de conceder préstamos.
La propuesta del oficialismo
Al igual que ocurrió hace una semana en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, los libertarios buscarán obtener el dictamen de mayoría. Se trata de un punto estratégico para el debate en el recinto, ya que será el primer dictamen que se pondrá en consideración y sobre el cual se desarrollará la discusión legislativa.
Coordinada por la diputada Silvana Giudici, la propuesta de La Libertad Avanza está destinada a mejorar la información y la transparencia sobre los costos financieros, impositivos y las tasas de interés. Uno de sus principales ejes será el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que permite conocer cuánto termina pagando una persona por un préstamo al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos.
El oficialismo analiza establecer mecanismos para que esa información aparezca de manera más clara antes de contratar un crédito, con el objetivo de que los consumidores puedan conocer el costo final y comparar distintas ofertas.
La iniciativa involucraría al Banco Central, las entidades bancarias y las empresas fintech, tanto en los mecanismos de refinanciación como en la forma en que se comunica el CFT a los usuarios.
También incorpora propuestas de educación financiera digital y herramientas de autocontrol, además de alternativas más flexibles para el manejo de las carteras de los deudores.
El radicalismo de Pamela Verasay sumó un proyecto del correntino Diógenes González vinculado con la modificación de la Ley de Educación para incorporar contenidos de educación financiera en las escuelas secundarias. Según el texto, el objetivo es que los estudiantes incorporen conocimientos sobre administración del dinero, ahorro, crédito, endeudamiento y funcionamiento del sistema financiero.
Otras propuestas
Desde distintas bancadas también plantearon alternativas. El MID de Eduardo Falcone, que no integra las comisiones del plenario, propuso una solución focalizada bajo la teoría del esfuerzo compartido.
El diputado desarrollista explicó: “El Estado Nacional baje o elimine el IVA a los intereses de los créditos, que los Estados provinciales bajen o eliminen los impuestos a los ingresos brutos sobre el mismo concepto. En algunos casos llegan al 9% de los intereses, una locura total, que los bancos bajen los intereses sobre los créditos de los individuos y familias que están en condición de mora y que los endeudados paguen el capital de su deuda bajo las nuevas condiciones”.
Falcone reconoció que su colega cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, quien además está trabajando en un dictamen propio, le adelantó que la Fundación Mediterránea tiene estudios similares.
En su propuesta, la diputada Alejandra Torres plantea crear una línea de préstamos destinada a las personas que se encuentran en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central. La iniciativa permitiría refinanciar las obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.
Los préstamos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a reducir el costo financiero, además de fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Según la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas. Los créditos se ajustarían por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años para su cancelación.
Una vez firmados los dictámenes, los proyectos podrían llegar al recinto en una próxima sesión, prevista para el miércoles 7 de octubre.
