El Gobierno terminó de redactar el paquete de Malvinas y lo envió a la Cámara de Diputados en los primeros minutos de este jueves. La Casa Rosada completó el cierre técnico de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional después de varios días de trabajo sobre un texto amplio que reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad.
La iniciativa fue cargada en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo y ser remitido al Congreso.
El proceso estuvo atravesado por diferencias internas sobre los tiempos de presentación. En sectores del oficialismo esperaban recibir la iniciativa antes y durante los últimos días circularon distintas fechas para su envío. Cerca del equipo que trabajó sobre el articulado rechazan, sin embargo, que el lunes haya sido alguna vez el plazo técnico fijado para terminarlo.
La discusión por los tiempos había comenzado incluso antes. Durante la sesión en la que la oposición avanzó con los emplazamientos por endeudamiento familiar y Discapacidad se evaluó la posibilidad de incorporar Malvinas sobre tablas, pero Milei terminó descartando esa alternativa. La decisión fue no llevar al recinto un proyecto que todavía no estaba cerrado.
Parte del armado parlamentario tampoco tuvo acceso anticipado a la versión final. Cerca de la negociación legislativa reconocen que esperaron el texto para comenzar a trabajar sobre la letra concreta, mientras la redacción quedó concentrada durante los últimos días en un núcleo reducido.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue anunciada por Milei el 3 de septiembre. El esquema oficial contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructura crítica y marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima. Esos ejes fueron anticipados por la Casa Rosada cuando presentó formalmente la iniciativa.
Uno de los capítulos centrales apunta a endurecer las herramientas contra empresas y actores vinculados con actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina. El Gobierno trabajó inicialmente sobre el régimen de hidrocarburos y durante la elaboración evaluó ampliar su alcance hacia pesca, minería y otras actividades productivas.
El Ejecutivo ya comenzó a aplicar medidas sobre el sector petrolero mediante el Decreto 868/2026, que reglamentó procedimientos vinculados con la Ley 26.659. La nueva ley busca darle un marco más amplio a la estrategia que el Gobierno lanzó a partir del avance del proyecto Sea Lion.
Otro título estará relacionado con infraestructura crítica y proveedores estratégicos. La Casa Rosada pretende establecer criterios de seguridad para redes, centros de datos, telecomunicaciones y otros activos que el Estado considere sensibles, dentro de una concepción de Seguridad Nacional que excede la defensa militar tradicional.
El paquete incluye además modificaciones en protección aeroespacial. El Gobierno busca hacer más operativo el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles y reducir las zonas grises para la ejecución de las distintas etapas, incluido el empleo de la fuerza como última instancia. No se trata de habilitar el derribo automático de vuelos irregulares.
La reforma quedó acotada respecto de los primeros borradores que analizó el Ejecutivo. No incluye una modificación general de la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio, y los cambios específicos en el sistema de Inteligencia continuarán por otro carril.
La vigilancia del Atlántico Sur completa ese esquema. Nación trabaja en integrar radares, telecomunicaciones, sistemas satelitales e inteligencia de señales con la Base Naval Integrada de Ushuaia como uno de los nodos centrales para concentrar información y ampliar el seguimiento marítimo y aeroespacial.
Con el proyecto ya ingresado al Congreso, ahora comenzará la etapa política. Milei pidió cuidar el vínculo con los bloques aliados y evitar que conozcan los detalles a último momento. La Casa Rosada prevé abrir conversaciones con el PRO, la UCR y espacios federales para explicar la iniciativa y recibir propuestas antes de llevarla al recinto.
El envío marca así el cierre de la etapa técnica y el comienzo de la negociación legislativa. El Gobierno considera que Malvinas puede reunir un acompañamiento transversal, pero no trabaja con un tratamiento exprés: primero deberá ordenar los acuerdos en Diputados y definir el cronograma de comisiones antes de incorporar el proyecto a una sesión.
