El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.
La decisión todavía no está formalizada, pero en el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.
El cambio comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.
Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original del oficialismo apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre. Ahora, en Balcarce 50 calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana del mes.
En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como una fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.
Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.
La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno le asignan además un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.
La negociación presupuestaria se cruza con otros expedientes de peso. El oficialismo mantiene abierta la discusión por la suspensión de las PASO, que requiere acuerdos con gobernadores y senadores, mientras que la iniciativa sobre Malvinas continúa enfrentando objeciones de distintos bloques por los capítulos vinculados con seguridad, defensa y las atribuciones del Ejecutivo.
En Nación reconocen que la Ley de Malvinas está más trabada que el Presupuesto. El Ejecutivo ya abrió la posibilidad de incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad, pero mantiene su rechazo a dividir el proyecto. La intención es seguir negociando su contenido antes de llevarlo al recinto.
La reforma electoral tiene otra lógica. La Casa Rosada pretende sancionar al menos la suspensión de las primarias antes de cerrar el año, pero admite que todavía existen diferencias con los aliados. La estrategia es llevar esa votación más cerca del final del período legislativo, una vez que estén asegurados los respaldos individuales en el Senado.
El corrimiento de esos proyectos vuelve probable que diciembre se convierta en un mes de actividad parlamentaria. Si Javier Milei firma la extensión, será la primera vez durante su presidencia que prorrogue las sesiones ordinarias. En 2024 y 2025 dejó finalizar el período regular el 30 de noviembre y recurrió, cuando lo consideró necesario, a convocatorias extraordinarias.
Desde que asumió, Milei convocó cuatro períodos de sesiones extraordinarias: el iniciado el 26 de diciembre de 2023, el de enero y febrero de 2025, el de diciembre de 2025 y el de febrero de 2026. Además, prorrogó en dos oportunidades períodos extraordinarios ya convocados: en enero de 2024 extendió el primero hasta el 15 de febrero y este año amplió hasta el 28 de febrero la convocatoria que inicialmente terminaba el 27.
La diferencia institucional es importante para el esquema que analiza ahora el Gobierno. Las sesiones ordinarias se desarrollan entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre y pueden ser prorrogadas por el Presidente. Durante esa extensión, las cámaras conservan la posibilidad de tratar su agenda parlamentaria habitual. En extraordinarias, en cambio, el Poder Ejecutivo define mediante decreto qué asuntos quedan habilitados.
En la Casa Rosada prefieren esta vez mantener abierto el período ordinario y no pasar a un temario extraordinario, porque proyectan llegar a diciembre con varios expedientes simultáneamente en negociación. El Presupuesto deberá además completar su recorrido por el Senado una vez que sea aprobado por Diputados, lo que comprime todavía más los tiempos.
El objetivo del oficialismo es utilizar diciembre para cerrar el Presupuesto 2027 y avanzar hasta donde permitan los acuerdos en la reforma política y el resto de las iniciativas prioritarias. El cronograma dependerá ahora de las negociaciones de octubre y noviembre: cuanto más se demoren Discapacidad, Malvinas y las conversaciones con los gobernadores, mayor será la extensión que necesitará el Congreso antes del cierre del año.
