A un mes de la sanción del Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y de dispositivos móviles de comunicación en personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios. El texto es de la autoría de Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, y acompañado con la firma de 58 integrantes del oficialismo.
La propuesta establece incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y también modifica el 85 que tipifica como infracción disciplinaria la “tenencia, ocultamiento, facilitación, introducción o tráfico de elementos electrónicos y de comunicación o dispositivos móviles no autorizados”. Del mismo, propone agregar el inciso k que menciona el intento al acceso a internet de servicios de comunicación digital por fuera de los sistemas autorizados y controlados por la autoridad competente.
En los fundamentos, Giudici explicó que “el uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal llegando a tener un grave impacto sobre las personas del exterior”. En ese sentido, advirtió que esto “contribuye al sostenimiento de bandas de delincuencia organizada que son lideradas por los propios internos”.
El proyecto de ley lleva las firmas de Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargossi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.
En los últimos años crecieron las denuncias por estafas virtuales, algo que la iniciativa mencionó, y agregó que esto se generó con “el uso más común es a través de llamados telefónicos o simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero”. Otros delitos que la secretaria parlamentaria del oficialismo relató a partir del uso de celulares en las cárceles son las extorsiones, manejos de organizaciones criminales, amenazas y planificación de atentados, acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera ilícita.
Por otro lado, invocó la modificación a la Ley 24.660 sancionada en 2017 y el establecimiento de esta prohibición "bajo un criterio restrictivo en relación con la tenencia de dispositivos móviles, los cuales eran considerados elementos no autorizados dentro de los establecimientos penitenciarios".
Y cargó contra la gestión del Frente de Todos por haber vuelto a autorizar el uso de teléfonos celulares en las cárceles argentinas, inicialmente justificado por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas. En ese punto, aseveró que la medida "generó controversia por la falta de control sobre los líderes narcos y las bandas de crimen organizado que pudieron continuar con la comisión de delitos libremente desde los penales".
En el final, Silvana Giudici mencionó tres casos concretos de delitos cometidos desde las cárceles a través del uso de dispositivos de comunicación: El primero en 2020 en manos de padre y su hijo, ambos detenidos en el mismo pabellón en la cárcel de Batán que se hicieron pasar por un comisario para extorsionar a un vecino de Balcarce al pedirle $20.000 donde le ofrecían “no armarle una causa por abuso sexual”.
El segundo fue en marzo del 2022 por el que se acusó al líder la banda de "Los Monos", Ariel Cantero, de "dirigir una banda de crimen organizado" desde el penal. Por el hecho, fue imputada la exinterventora María Laura Garrigós por presunta omisión de controles.
El último caso mencionado por la diputada oficialista fue la extorsión sexual que derivó en el suicidio del soldado Rodrigo Gómez a finales del 2025 en la Quinta de Olivos. A partir de la investigación en curso, fueron detenidas tres mujeres acusadas de extorsión y tres masculino que habrían operado desde los penales de Magdalena y Olmos.
