El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves el proyecto de ley que bajaba la condena de prisión de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, luego ser de encontrado culpable de conspirar contra el gobierno oficialista, en 2022.
La firma presidencial se dio en un acto conmemorativo a tres años del intento de golpe, perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro. Sin embargo, el veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso que originalmente lo aprobó, una discusión que se dará en los próximos días, en pleno año de elecciones presidenciales.
El proyecto que había sido aprobado por el senado, modifica los plazos de reclusión para diversos delitos, entre ellos los relacionados con atentados contra el orden democrático. La votación había finalizado con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de que la iniciativa ya hubiera recibido respaldo en la Cámara de Diputados la semana anterior.
La legislación vetada reducía sensiblemente el periodo de tiempo prisión efectiva para Bolsonaro, ahora con el veto firmado, se calcula que el líder de extrema derecha permanecerá en prisión en torno a ocho años, siempre y cuando el congreso brasileño no mantenga la vigencia de la ley sancionada.
Según planteó Lula, cualquier discusión sobre beneficios penales resulta prematura mientras el proceso judicial no esté cerrado. El presidente remarcó que aún quedan aspectos clave por esclarecer sobre el intento de desestabilización institucional y advirtió sobre el riesgo de relativizar hechos que atentaron contra la democracia brasileña.
“Todavía no ha terminado el proceso”, había señalado el mandatario en diciembre, en una definición que volvió a tomar fuerza tras el veto. Para Lula, mantener viva la memoria de lo ocurrido es una condición necesaria para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse en el futuro.
El proyecto vetado había sido impulsado inicialmente por sectores opositores que reclamaban una amnistía amplia para los involucrados en los hechos de 2022. Sin embargo, durante su paso por el Congreso, la iniciativa fue reformulada para limitar su alcance únicamente a los delitos vinculados contra el Estado Democrático de Derecho, una maniobra que buscó sumar apoyos sin asumir el costo político de una absolución total.
